Enseñanza

Guía de consultas frecuentes del XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad

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La Escuela Pública denuncia la falta de negociación del Gobierno

Plataforma Escuela Pública

La Plataforma Estatal en defensa de la Escuela Pública aplaude la actuación de CEAPA, Sindicato de Estudiantes, FeSP-UGT, FE-CCOO y STEs-i al retirarse del grupo de trabajo que negocia el Pacto educativo en el seno del Consejo Escolar del Estado, tras manifestar su disconformidad con la metodología empleada y oponerse a ser utilizados por el ministro de Educación como excusa de un falso consenso que posibilite al Gobierno seguir desarrollando políticas educativas que no reflejan las reivindicaciones de la comunidad educativa ni de la mayoría parlamentaria.

El hecho de comprometerse ante la Unión Europea a seguir rebajando los presupuestos educativos hasta un 3,67% del PIB en el año 2020 demuestra su falta de compromiso para recuperar los 9.000 millones de euros perdidos durante los años de la crisis, como también lo hace que el porcentaje del PIB español dedicado a educación esté por debajo de los países de nuestro entorno.

La Plataforma afirma que es imposible lograr un verdadero 'Pacto Social educativo' negando la capacidad negociadora a la comunidad educativa. La utilización del Consejo Escolar del Estado por parte del MECD no es sino una farsa que es necesario desenmascarar.

Reivindicamos una financiación suficiente del sistema educativo que garantice una educación de calidad, equitativa y correctora de desigualdades para todas y todos.

Ante la ausencia de respuestas y el desprecio del MECD hacia la comunidad educativa, la Plataforma quiere hacer partícipe a las familias, al alumnado y al profesorado de sus demandas y hace un llamamiento a la movilización en todos los territorios del Estado.

Seguimiento masivo de la huelga de profesorado interino del exterior

huelga docentes interinos Exterior

La huelga convocada por los sindicatos ANPE, FECCOO-Exterior, CSIF-Exterior, FeSP-UGT y STEs-i para los días 20, 21 y 22 de marzo ha tenido un éxito rotundo en su primera jornada: el promedio de seguimiento ha sido de más del 80%, y en el caso de Marruecos e Italia alcanza el 100%.

Los compañeros y compañeras interinos se están volcando al máximo en esta huelga, además están contando con el respaldo solidario y económico del resto de docentes del exterior mediante una caja de resistencia. Las juntas de personal están dando todo su apoyo a esta lucha legítima y necesaria, hay un sentir generalizado de que se tiene que resolver sin más demoras la situación de precariedad laboral y de injusticia salarial a que está sometido el colectivo; inclusive, los propios responsables del MECD en el exterior parecen receptivos ante este problema.

No hay demoras posibles, la Administración no puede seguir haciendo oídos sordos a este clamor, el MECD tiene que dar una solución inmediata a esta injusticia mediante la creación de un complemento salarial digno para este colectivo docente.

Ánimo compañeros y compañeras interinos de Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza. Ahora es el momento de conseguirlo.

Por un salario digno para el profesorado interino del exterior: Descargar comunicado conjunto

¿Racismo institucional en el sistema educativo?

Racismo institucional en el sistema educativo
A lo largo de los últimos años, se ha producido una reasignación escolar del alumnado según su nacionalidad, grupo étnico, cuyo resultado ha sido  un aumento considerable de la segregación educativa. Así, por ejemplo, el 82% del alumnado extranjero se concentra en centros públicos, frente a un 14,1% que asiste a centros privados concertados y a un 3,8% que asiste a centros privados no concertados. Con respecto a otros grupos de población, como es el caso del alumnado gitano, los datos existentes confirman la misma realidad: no hay población gitana en la escuela privada, muy poca en la concertada (7% - 10%), estando mayoritariamente en la escuela pública. 
 
Estos datos son el indicativo de una política educativa que está colaborando, cuando no legitimando, una diferenciación social que lleva implícito el reconocimiento de una discriminación y el mantenimiento de unos prejuicios contra la población gitana y migrante en particular y contra los pobres en general, que hace imposible el mandato constitucional de la "igualdad de oportunidades". 
 
En el caso de la educación infantil el índice de segregación público-privado de Duncan-Duncan  ha pasado de 8,8% al 20,5%, y de forma similar, en la educación primaria también se ha producido ya un aumento notable, de 9,4% al 17,4%, anticipando mayores niveles de segregación en la enseñanza secundaria a lo largo de la próxima década. Esta situación ha llevado al Consejo de Europa a pedir a las autoridades españolas una mayor atención a la aparición de «escuelas gueto» como consecuencia de las prácticas de adscripción sistemática de estudiantes a determinados centros públicos y de las prácticas de “evitación” facilitadas por las escuelas concertadas (ECRI, 2011). 
 
Asimismo, las pautas de elección de escuela de las familias autóctonos y con niveles medios socioeconómicos pueden acelerar el proceso de concentración, en la medida en que estos evitan enviar a sus hijos a los centros con elevado número de alumnado de origen inmigrante o población gitana. Estas estrategias, que pretenden optimizar la calidad de la enseñanza recibida por sus hijos e hijas, están generalmente basadas en la premisa de que el nivel educativo impartido en un centro es más bajo precisamente por la llegada de este grupo de alumnado. 
 
Junto a variables individuales referentes a la categoría socioeconómica y al nivel educativo de las familias, algunas variables institucionales influyen en la segregación escolar de modo crucial. La investigación social sobre este tema se ha centrado fundamentalmente en analizar el impacto del grado de comprensividad del sistema educativo sobre los niveles de segregación, y de esta sobre los resultados escolares. Estudios basados en los datos de PISA han mostrado que los sistemas menos comprensivos (es decir, los sistemas diferencialistas) reproducen en mayor medida y refuerzan las desigualdades económicas, sociales y culturales de los alumnos (OCDE, 2006b). La idea de fondo es que la composición social (socioeconómica y étnica) de los centros educativos es determinante para el rendimiento académico y, por tanto, aquellos sistemas que promueven un elevado grado de heterogeneidad social dentro de las escuelas disminuyen las desigualdades de resultados entre el aslumando (Duru-Bellat et al., 2004).
 
No solo los centros aplican estrategias de selección de su alumnado, sino que a menudo dichas estrategias se basan, o encuentran un refuerzo, en determinadas políticas (o en la ausencia de regulación efectiva) de las condiciones de acceso a los centros financiados con fondos públicos. Diversas investigaciones internacionales han señalado que el grado de regulación pública o de libertad de elección de centro desempeña un papel fundamental en las dinámicas de segregación socioeconómica y étnica en las escuelas (Burgess et al., 2007). Los efectos potenciales de estas políticas sobre la equidad son considerables, ya que en los sistemas con escasa regulación las escuelas compiten entre ellas por el mejor alumnado, y el alumnado no seleccionado va a parar a las escuelas menos deseadas por la población.
 
Ya en el año 2003, el Defensor del Pueblo ponía de relieve los problemas en la atención a la diversidad. El informe elaborado, probablemente el más completo realizado hasta el momento concluía que: “la distribución del alumnado de origen inmigrante en los centros docentes sostenidos con fondos públicos es irregular” y hacía las siguientes recomendaciones . “Los centros concertados de titularidad privada escolarizan a un porcentaje de estos alumnos significativamente menor que el escolarizado en centros de titularidad pública. Además, entre estos últimos centros, los que se ubican en entornos de nivel sociocultural más bajo son los que acogen a mayores porcentajes de alumnos de origen inmigrante que, en algunos casos, llegan a suponer la mayoría de los alumnos escolarizados en el centro. Parece necesario, por tanto, arbitrar medidas que palien este problema sin desconocer, claro está, el derecho de libre elección de centro que corresponde al alumnado y las familias y tutores”. 
 
En la práctica, pues, poder aplicar medidas que limiten la segregación escolar, tales como el control riguroso de los criterios de selección residenciales para los nativos (con redes familiares geográficamente más extensas y mayores alternativas que los inmigrantes para censar a sus hijos de los colegios más deseados), pasa por concienciar sobre los efectos perjudiciales de la segregación en el largo plazo. De hecho, otro resultado que se obtiene en este trabajo es que aquellas regiones o comunidades en las que más ha aumentado la segregación escolar también son las que han experimentado un mayor empeoramiento en su rendimiento escolar. 
 
Parece claro que, además de las múltiples razones de carácter científico, social y moral que existen para no hacerlo, no se deberían destinar recursos a crear e implementar más dispositivos segregadores de los que carecen por completo los países cuyos sistemas educativos son más eficientes y promueven con mayor éxito la equidad y la excelencia para todos. De hecho, si el primer factor que segrega es la existencia de una doble red educativa financiada con fondos públicos sin idénticas obligaciones de escolarización, el segundo es pensar que las desigualdades son inevitables sin emplearse a fondo en conocerlas y combatirlas.

Concentraciones el 10 de abril por el convenio de Discapacidad

Concentraciones 10 abril por Convenio Discapacidad

¡Ahora toca movilización! El 10 de abril os esperamos en las concentraciones que se celebrarán por todo el territorio nacional.

Después de la última reunión de la Mesa Negociadora del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, del pasado 13 de febrero, las organizaciones sindicales CCOO y FeSP-UGT hemos decidido iniciar una campaña de movilizaciones, de intensidad creciente, ante la actitud inmovilista de las patronales del sector y la falta de respuesta a las propuestas planteadas.

Después de años de ajuste, con congelaciones salariales y pérdidas de poder adquisitivo, ha llegado el momento de que las patronales inicien un proceso negociador real que aborde las necesidades de empleo, recuperación de derechos laborales, conciliación laboral y familiar y mejoras salariales. Nuestra dignidad como profesionales en el sector no se ve reflejada en nuestras condiciones de trabajo ni en las retribuciones. La precarización no solo tiene efectos sobre los trabajadores y trabajadoras, sino que también incide de manera directa sobre el servicio público que se le ofrece a usuarios y familias, mermando la calidad del mismo, ya que esta pasa inexcusablemente por la mejora de las condiciones laborales de quienes lo prestan. Y las patronales, tras cinco reuniones, siguen ancladas en discursos caducos y retrógrados.

Los y las profesionales del sector no estamos dispuestos a seguir asumiendo los costes de una “crisis” que los trabajadores no generamos y que las patronales, en complicidad con las Administraciones, parecen estar en disposición de seguir perpetuando. ¡No estamos dispuestos a ser ninguneados!

Ante este panorama, ¡es el momento de plantarnos, es el momento de decir basta! Desde CCOO y FeSP-UGT unimos esfuerzos y fuerzas, y realizamos un llamamiento al conjunto de trabajadores, trabajadoras, usuarios, usuarias y familiares para que el próximo 10 de abril se concentren en defensa de unas condiciones laborales dignas que sin duda se verán reflejadas en un aumento de la calidad del servicio.

  • Por un convenio digno, MOVILÍZATE
  • Por unos servicios dignos, MOVILÍZATE
  • Contra el inmovilismo patronal, MOVILÍZATE
  • EL 10 DE ABRIL, HAZ SENTIR TU VOZ Y DI ¡BASTA!

Descargar comunicado conjunto

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