Las políticas de inversión en I+D+I del PP arruinan la innovación, elemento fundamental para la evolución de nuestra sociedad

Una vez publicado por el MINECO el “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020)”, desde FeSP-UGT queremos informar de nuestro malestar al respecto:

Lamentamos profundamente que no se haya contado debidamente con nosotros, en representación de los investigadores de las universidades, en el proceso de preparación de dicho Plan; y ello pese a que, según se nos informó, se ha consultado para su elaboración con más de 150 personas. Representantes de FeSP-UGT asistieron el día 10 de marzo de 2017 a una reunión informativa sobre él, convocada por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación donde se nos informó verbalmente (sin facilitársenos ningún documento escrito al respecto) que el Plan Estatal tiene tanto una dimensión pública como una privada y empresarial. No fue posible obtener una copia del borrador hasta que fue publicitado en la web del Ministerio para su consulta pública.

Ante la falta de diálogo, FeSP-UGT optó por elaborar una serie de recomendaciones y enviarlas a través de la plataforma abierta a la ciudadanía. Consideraciones que no han sido tenidas en cuenta en la elaboración final del documento.

Este Plan Estatal es la principal herramienta española para el desarrollo y la promoción de la investigación científica de todo orden (económica, tecnológica, sanitaria, social, educativa, jurídica, artística, etc.) para el cuatrienio 2017-2020.

Consideramos que la concepción general del Plan Estatal de Investigación y su desarrollo tienen un carácter economicista y privatizador de la investigación pública en España.

Casi toda investigación científica se desarrolla en España en las Universidades Públicas, en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), y en sus múltiples centros de investigación vinculados. Pese a ello, de la lectura del Plan Estatal, si se atiende al escaso uso de los términos universidad y OPIs, fácilmente se deduce que en su concepción tanto el marco universitario como el de los OPIs constituyen más la excepción que la norma.

Nos sorprende grandemente que un Plan de investigación que se sufraga con fondos públicos se oriente principalmente a financiar, incluida la previsión de ayudas no reembolsables, la investigación en empresas privadas y el liderazgo empresarial de la investigación pública.

Parecería que los responsables de la Oferta Pública de Empleo y de la rigidez de las prácticas administrativas que limitan la contratación laboral fueran otros, y no el mismo gobierno actual del que el Ministerio de Economía forma parte.

Nuestro sindicato sigue apostando por el empleo público, y por los funcionarios públicos, en los sectores de la educación superior y la investigación científica.

En cuanto a presupuestos, el Plan establece que “El objetivo de que la inversión en I+D+i represente en 2020 el 2% del PIB incluido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y en los Programas Nacionales de Reforma.

En el anterior Plan (2013-2016) alardeaban de que “…en relación al gasto total en I+D se prevé que el mismo llegue a representar el 1,41% del Producto Interior Bruto”… como si fuera esta cantidad suficiente para sentirse orgullosos, y en realidad, en 2016, el PIB destinado a I+D+i  no supero el 1,19%. Por lo tanto, somos escépticos a la hora de creer en las promesas de este gobierno.

Los datos reales demuestran el descenso en inversión de I+D+i. En el año 2010, y ejercicios anteriores, la cantidad destinada estaba alrededor del 1,40% del PIB, lo que en cifras reales supone unas pérdidas enormes.

De hecho, en el Plan Presupuestario para 2018 que Montoro ha enviado a Bruselas, ya se prevé una caída de dos décimas en el PIB destinado a Educación o a Sanidad, lo que nos lleva a considerar que la inversión en I+D+i se verá mucho más reducida.

El absentismo injustificado es sólo el 1,2% de las horas pagadas y no trabajadas

La Unión General de Trabajadores quiere denunciar los intereses económicos que se esconden tras las informaciones que plantean la existencia de un fraude generalizado por parte de los trabajadores en situación de incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad, a lo que se denomina absentismo de forma incorrecta.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como "la no asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas, y el absentismo laboral de causa médica como el periodo de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo".

Según el informe Adecco sobre absentismo de noviembre de 2017 (en el que se basan la mayoría de las informaciones mencionadas) en 2016 se computaron 255 horas pagadas y no trabajadas por cada trabajador, de las que el 68,6% correspondían a vacaciones y festivos y el 30,8% a otras razones: El 21,9% a incapacidad temporal, el 4,3% a permisos por maternidad, y sólo el 1,2% a ausencias injustificadas, es decir, absentismo.

Para UGT resulta sorprendente que de estos datos surja una sospecha de fraude en el uso y gestión de la IT, que en ningún caso debería considerarse absentismo, en lugar de una motivación para analizar el estado de salud de los trabajadores, las condiciones de trabajo que puedan provocar esas situaciones, o si subyacen otro tipo de razones que influyan en el estado físico de la población laboral.

Es necesario recordar que la Incapacidad Temporal no depende de la voluntad del trabajador o trabajadora, sino que es una decisión que toma un facultativo de atención primaria según criterios profesionales.

UGT no admite que haya empresas o entidades que defiendan sus intereses particulares y amplíen su cuota de negocio a costa de la privatización de actividades y competencias de la sanidad pública. No compartimos que para ello se llame absentismo a la enfermedad, o se alimente el fantasma del fraude entre la población laboral.

UGT ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asuman la gestión de la IT por enfermedades comunes, y considera que este tipo de decisiones sobre la salud del trabajador debe permanecer en el ámbito de los profesionales del sistema sanitario público, que precisamente por esa condición de público garantizan que sus decisiones están fundamentadas sólo y exclusivamente en razones médicas.

Acabar con la violencia de género en el mundo del trabajo

Pese a que tanto hombres como mujeres pueden experimentar violencia y acoso en el mundo del trabajo, el estatus y las relaciones de poder desiguales en la sociedad y en el trabajo hacen que muchas veces la mujer resulte más expuesta a la violencia y el acoso. La violencia contra la mujer crea desigualdad, afectando el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La violencia y su amenaza privan a las mujeres de sus derechos humanos básicos.

¡Actualmente no hay ninguna ley internacional  que aborde las distintas formas de violencia de género en el lugar de trabajo!

Un Convenio y una Recomendación de la OIT enviarían un mensaje firme de que la violencia NO forma parte del trabajo. Ayudaría a dar voz a los trabajadores/as para oponerse a la violencia de género, y para negociar convenios colectivos que aborden el problema de la VdG. Ayudaría a que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo para adoptar políticas destinadas a prevenir y eliminar la VdG en el lugar de trabajo. Empoderaría a las trabajadoras para emprender acciones.

Para la ISP, poner fin a la violencia contra las mujeres es una prioridad. En el Congreso de la ISP en noviembre pasado, los líderes sindicales, se comprometieron a poner fin a la violencia contra las mujeres, incluyendo apoyar activamente las campañas contra la violencia de género y lograr la igualdad de género en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad, la economía y todas las instituciones. ¡No es demasiado tarde para firmar la promesa!

La ISP apoya la campaña de la CSI a favor de esta nueva norma internacional del trabajo e invita a todos los sindicatos afiliados a unirse a la campaña. Su movilización, organización y presión es crítica para construir y asegurarse de que los gobiernos apoyen un Convenio y Recomendación de la OIT en la Conferencia de la OIT de Junio 2018.

El llamamiento a la acción empieza el 14 de febrero, conocido como “V-Day” (un movimiento mundial de activistas encabezado por “One Billion Rising’’ para acabar con la violencia contra las mujeres y las menores) y culmina el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Únanse al One Billion rising el 14 de febrero en Solidaridad para poner fin a la explotación de las mujeres.  Vean la lista de eventos programados en su país: http://www.onebillionrising.org/events  - los Twitter hashtags relacionados con el V-day son #RiseInsolidarity y #rise4revolution además del #VDay y #1BillionRising.

Las discriminaciones laborales de la mujer penalizan aún más en la vejez

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha denunciado que las peores condiciones de las mujeres en el mercado de trabajo repercuten en que en la vejez sean más pobres que los hombres, de tal forma que, si la brecha salarial se sitúa en torno al 23%, la brecha media en las pensiones contributivas supera el 37%.  Es decir “si a las mujeres nos roban en nuestros salarios, cuando estamos trabajando, cuando llegamos a la jubilación nos siguen penalizando”. “Las mujeres hemos sido las paganas de la crisis, somos las que más contratos a tiempo parcial tenemos, las que tenemos más contratos temporales, las que tienen más interrupciones en su carrera profesional y todo esto se ve reflejado en nuestras pensiones”- ha dicho.

Antoñanzas, que ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe de UGT “El sistema de pensiones agranda la brecha de género”, ha destacado que las mujeres representan el 73% de quienes perciben las pensiones más bajas de nuestro país, que más de un millón y medio perciben pensiones por debajo de los 500 euros (el triple que los hombres) y que esta cifra se dispara a los tres millones de mujeres si tenemos en cuenta las que perciben una pensión por debajo de los 700 euros.

La discriminación de las mujeres en el mercado laboral hace que, con las mismas circunstancias que un hombre (edad, entrada en el mercado de trabajo, etc.) la mujer tendría que retrasar su edad de jubilación un año para alcanzar los años necesarios de cotización y, a pesar de todo, el hombre percibiría más del doble que la pensión que recibe la mujer. 

Por otra parte, la Vicesecretaria General de UGT ha advertido que “elevar el periodo de cálculo de la pensión perjudicaría aún más a las mujeres, pues tienen lagunas de cotización a lo largo de su vida laboral y aumentaría aún más la brecha de género en pensiones”.

La ley de igualdad, indispensable para reducir la brecha que existe en pensiones

Antoñanzas ha afirmado que para “UGT es fundamental hacer cambios y ha exigido la puesta en marcha de la ley de igualdad, “indispensable para reducir la brecha que existe en pensiones”. Esta ley debe erradicar las discriminaciones en el mercado laboral y adoptar medidas de protección social para garantizar que los salarios y los derechos sociales, incluidas las pensiones, de las mujeres estén en consonancia con el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de igual valor. 

Asimismo, ha recordado otras propuestas de UGT y las exigencias que el sindicato hace al Gobierno, entre ellas:

• Modificar el cálculo de las pensiones de jubilación para quienes trabajan a tiempo parcial, de manera similar a quienes trabajan a tiempo completo (eliminando el coeficiente de parcialidad y computando los días que se trabajen por semanas completas, independientemente del número de horas)

• Que el Gobierno cumpla la ley 27/2011 de 1 de agosto, que ha venido posponiendo durante 6 años consecutivos en los PGE, y eleve al 60% la base de cálculo de las pensiones de viudedad, para las personas mayores de 65 años que no perciben otra pensión pública.

• Que se computen como periodos de cotización el tiempo dedicado al cumplimiento del Servicio Social Obligatorio de la Mujer, equiparable a la prestación social sustitutoria del servicio militar, tal y como establecen distintas sentencias.

• Que el Gobierno adopte las recomendaciones del Parlamento Europeo, del pasado 23 de junio, para corregir la brecha salarial y en materia de pensiones entre mujeres y hombres.

Algunos datos

• Casi la mitad de las personas que perciben una pensión contributiva son mujeres (el 48,17%), pero es un 37,35% menor que la que perciben los hombres.

• Las mujeres representan al 73,57% de quienes perciben pensiones más bajas.

• Más de un millón y medio de mujeres perciben pensiones por debajo de los 500 euros y más de 3 millones perciben menos de 700 euros y a partir de esa cifra la mayor parte de los perceptores son hombres.

• Independientemente del Régimen al que las mujeres hayan cotizado, la cuantía media de sus prestaciones es inferior a la de los hombres. Las brechas van desde el 56,75% (si han cotizado en el Régimen Especial de la Minería del Carbón) hasta el 2,01% en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (éstas últimas son las pensiones más bajas de todo el Sistema de Seguridad Social (la pensión media de las mujeres es de 380,07euros al mes frente a 387,85 de los hombres)

• Los hombres suponen el 80,38% de quienes reciben pensiones entre 1.800 y 2.000 euros y el 83,02% entre quienes perciben pensiones por encima de los 2.000 euros. El número de hombres que perciben la pensión máxima (24.912) triplica al de las mujeres (8.880).

• Hay más hombres que perciben prestaciones de jubilación e incapacidad permanente (63,89% y 65,15%) frente a más mujeres que perciben prestaciones de viudedad y en favor de familiares (96,19% y 70,91%, respectivamente).

• Las viudas perciben una pensión media de 645,15 euros (frente a 483,30 euros que reciben los viudos). Sin embargo, la mayoría de ellos compatibilizan esta prestación con rentas del trabajo o con otra pensión del sistema. Algo que no ocurre en el caso de las mujeres, pues lo habitual es que esta pensión sea su única fuente de ingresos.

• Por Comunidades Autónomas únicamente Cataluña, Ceuta y Melilla tienen mayor número de mujeres que de hombres que reciben una pensión contributiva de la Seguridad Social. 

• Castilla La Mancha y Extremadura son las Comunidades Autónomas con menor porcentaje de mujeres jubiladas con derecho a prestación (21,8% y 26.8% respectivamente) y Asturias, con una brecha del 49,69% es la Comunidad que presenta la mayor diferencia entre las pensiones por jubilación de mujeres y hombres.

• Cataluña es donde hay más mujeres jubiladas (438.455); las pensiones cuya cuantía es más elevada son para las mujeres de Madrid, Melilla, Ceuta, País Vasco y Navarra, sin embargo, en ninguno de los casos estas pensiones superan los 1.000 euros.

Clica para acceder al Informe: El sistema de pensiones agranda la brecha de género