El Gobierno sigue ahorrando en los PGE a costa de los pensionistas, mientras rescata nueve autopistas

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha afirmado que "el Gobierno sigue ahorrando en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 a costa de los pensionistas, mientras rescata nueve autopistas". Un rescate que el Gobierno ha deslizado en alguna ocasión que su coste será de 2.000 millones, mientras la patronal de las grandes constructoras y concesionarias lo tasa en 4.000 millones de euros.

En comparación, "el coste de revalorizar las pensiones al IPC es de 1.300 millones de euros y, además, con las medidas propuestas por UGT, se saldaría el déficit de la Seguridad Social, que no cesa de crecer por los créditos del Gobierno para no acabar con el Fondo de Reserva".

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la apertura de la jornada "Formas atípicas o precarias de empleo y su proyección en el sistema de pensiones, con especial enfoque de género" organizada por el Grupo de Estudios de la Fundación F. Largo Caballero, donde ha señalado que "este Gobierno está abocando a nuestros pensionistas a la pobreza más absoluta. Con su reforma de 2013 y los incrementos de las pensiones tan solo en un 0,25% cada año, se va a producir una pérdida en la pensión que estaría entre un 30% y un 40% en 20 años, según el IPC se situé entre el 1,5% y el 2%, es decir, una pensión de 1.000€ pasaría a ser de 715€ o de 585€ en 20 años".

En este sentido, las medidas propuestas en los PGE para este año "no van a solucionar el problema de las pensiones en nuestro país, ya que son medidas electoralistas, cortoplacistas y que discriminan a una parte importante de nuestros pensionistas. Las pensiones por encima de 860€ siguen recibiendo solo el 0,25% mientras con 859€ de pensión se actualizan al 1%, algo injusto, como la mínima subida de las pensiones mínimas, que no se actualizaban desde 2011 y que para UGT deben subir mucho más, no los menos de dos euros que se plantea en los PGE. Estas medidas, cuando el Gobierno presume de crecimiento del PIB al 3% por cuarto año consecutivo, son un insulto a la población española".

La movilización es la única respuesta

Mari Carmen Barrera ha señalado que "todo lo ocurrido desde que iniciamos nuestra reivindicación en materia de pensiones hace 2 años, nos da la razón. Tras las propuestas realizadas, iniciativas parlamentarias e intentos de diálogo, la única respuesta es la movilización y la calle. El Gobierno cerro el diálogo social en esta materia y no atiende nuestras propuestas, así que esperamos que sí lo haga con las reivindicaciones en la calle de la inmensa mayoría de la población de este país".

Por ello, ha llamado a la ciudadanía a participar de manera masiva en las manifestaciones del próximo 15 de abril en todo el país. "Hay que revalorizar todas las pensiones al IPC, gastar más y aportar más recursos al sistema y acabar con el déficit de la Seguridad Social para tener un sistema de pensiones estable y suficiente", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado la necesidad de "derogar la reforma de pensiones de 2013, objetivo prioritario de las movilizaciones, ya que propicia que los pensionistas sean más pobres cuanto más mayores sean, algo que no ocurre en ningún país de Europa; y acabar con los recortes en las pensiones, que buscan convertir nuestro sistema en uno de pensiones mínimas para que los sistemas privados se vuelvan necesarios. Ese modelo ideológico de sociedad pobre del Gobierno no es algo asumible por UGT y lo vamos a combatir en la calle. Hay que subir las pensiones ya, sacar a nuestros pensionistas del umbral de la pobreza y asegurar la viabilidad de un sistema que es uno de los principales activos de nuestro sistema estado del bienestar, de distribución equitativa de la renta y de amortiguación social en épocas de crisis".

Además, Barrera ha lanzado un aviso al Ejecutivo: "UGT está actualmente movilizada y no vamos a parar hasta que se acaben todos los recortes".

Los permisos retribuidos que deriven del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores comienzan a disfrutarse el primer día laborable que siga a aquel en que se produjo el hecho causante

El Tribunal Supremo (TS), en Sentencia de 13 de febrero de 2018, establece que el espíritu del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), obliga a que el día inicial del disfrute de los permisos retribuidos no sea un día festivo, sino el 1º día laborable que le siga.

La presente sentencia tiene su origen en la interpretación de los permisos retribuidos regulados en un Convenio Colectivo Estatal (Contact Center), en desarrollo del artículo 37 del ET, al determinar cuándo empiezan a computar dichos permisos (matrimonio, nacimiento hijo, fallecimiento de un familiar, etc.). Y llega a la siguiente conclusión:

• El día inicial de disfrute de los permisos retribuidos no puede ser un día feriado, sino el primer día laborable que siga a aquél en que se produjo el hecho que da derecho al permiso.

Los fundamentos que sirven de base son muy escuetos, a la vez que explícitos:

• Los permisos se conceden para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja.
• Si el día que se produce el hecho que justifica el permiso no es laborable. es claro que no se inicia el permiso (matrimonio, nacimiento fallecimiento, etc.), hasta el primer día laborable que le siga.
• Otra solución podría llevar al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los supuestos en que el hecho causante acaece al inicio de varios días feriados seguidos, lo que es contrario al espíritu del art. 37.3 de ET.

Cuestión a tener en cuenta:

• Cada Convenio Colectivo es donde se regulan las condiciones para el disfrute de los permisos retribuidos, pudiendo fijar en cada caso la fecha de inicio y la duración del mismo (cómputo de los días), en desarrollo del artículo 37.3 del ET. Pero siempre respetando los mínimos legalmente previstos, es decir se pueden mejorar, pero ni reducir ni interpretar a la baja.

¿Resulta extensible la jurisprudencia comentada a todos los Convenios Colectivos?

• Dado que el fallo de la sentencia parte de una interpretación del artículo 37.3 del ET (trasciende del Convenio Colectivo origen del conflicto), consideramos que sí.
• Pero habrá que estar a cada Convenio Colectivo concreto y la regulación que efectúa de los permisos retribuidos, pues muchos nada concretan al respecto, algunos hablan de días naturales, otros hablan de días hábiles/laborables, e incluso algunos distinguen según el permiso (para unos hábiles, para otros naturales). Es decir, conviene analizar caso por caso.

¿Cómo hacer extensiva, pues, esta jurisprudencia en los Convenios Colectivos en los que resulte necesaria por no estar resuelta en sus contenidos?

• La más inmediata y directa es la convocatoria de la Comisión Paritaria e Interpretación del Convenio, y la adopción del acuerdo correspondiente al respecto.
• Evidentemente, en caso de cerrazón empresarial/administración, cabría plantear el correspondiente conflicto colectivo algo, en principio, innecesario conforme a la sentencia comentada.
• De cara a la negociación de futuros Convenios, plantear su inclusión en los mismos.

2 de abril de 2018. Gabinete Técnico Federal FeSP-UGT

Las movilizaciones son el instrumento más importante para cambiar las cosas en nuestro país

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que “las movilizaciones hoy son el instrumento más importante que tenemos para cambiar las cosas en nuestro país” y ha afirmado que han propiciado la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado de algunas medidas en relación con las pensiones. Medidas que todavía “están a años luz” de las demandas sindicales y sociales. “Parece que ahora hay algunos recursos, que hace unas semanas no había. No obstante, los recursos son muy insuficientes y es necesario derogar la reforma de 2013, impuesta por el Gobierno del Partido Popular”. En este sentido, ha destacado que “UGT ratifica su compromiso para que las pensiones se eleven de acuerdo con el crecimiento del coste de la vida”.

Asimismo, ha apelado a buscar soluciones consensuadas, en el marco del Pacto de Toledo y con los agentes sociales, porque no puede ser que las pensiones sean determinadas por la decisión de un partido, o dos.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que haya una participación masiva en las movilizaciones, convocadas por UGT y CCOO, el próximo 15 de abril. “Hay más razones que nunca para que estas movilizaciones se realicen porque queremos pensiones dignas, porque hay que derogar la reforma de 2013, impuesta por el Gobierno del PP, y que supone un empobrecimiento generalizado y continuo de todos los pensionistas los actuales y los futuros”.

Los PGE tienen más de publicidad, que de fondo

Álvarez, que ha hecho estas declaraciones en el marco de la asamblea de delegadas y delegados que se ha celebrado en La Coruña, ha calificado el proyecto de PGE para 2018 como “un parche, un refrito” y ha dicho que “tienen más de publicidad, que de fondo”. En este sentido ha dudado que pueda destinarse de junio a diciembre el 16% de inversiones prometidas en infraestructuras y ha dicho que los presupuestos no atienden las necesidades sociales que hay en nuestro país, ni redistribuyen la riqueza que se genera.

En definitiva, “el Gobierno, que no tiene mayoría, con estos Presupuestos solo pretende solventar los problemas políticos, llegar a acuerdos puntuales, en lugar de buscar medidas sólidas, a través de una mayoría sólida”.

La lucha por la igualdad continúa

Asimismo, el Secretario General de UGT ha enunciado otros temas prioritarios para el sindicato, entre ellos, la lucha por la igualdad que “no acaba el 8 de marzo”. Ha demandado al Gobierno que aborde este tema contando con las exigencias y demandas de la sociedad. También ha hecho hincapié en el compromiso de UGT para acabar con el acoso y con la violencia que sufren las mujeres.

1.000 euros de salario mínimo en convenio

Respecto a los salarios, ha destacado que la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años es “la piedra que impide la plena recuperación y salida de la crisis de nuestro país” y ha recordado que la demanda de UGT es que no haya ningún convenio colectivo con salarios por debajo de los 1.000 euros.

Ha manifestado que en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva “la CEOE debe ser consciente de que hay que negociar, que no vale decir, sin hacer, que no puede decir que los salarios son bajos y luego no hacer nada para que crezcan”.

Por último, Álvarez ha advertido que, si el Gobierno no despierta y se sienta a negociar, o la patronal no se da cuenta de que no es tiempo de mirar hacia otro lado, “las organizaciones sindicales intensificaremos el nivel de la movilización”. Las próximas, el 15 de abril y el Primero de Mayo.

El contrato a tiempo parcial, una fuente de subempleo en España

• El 57,3% de los trabajadores con contratos a tiempo parcial lo hace de manera involuntaria, según la EPA del cuarto trimestre de 2017

• El tiempo parcial en España se ha configurado como un contrato "a llamada" con el que es imposible conciliar

• El BCE ha alertado ya del aumento del subempleo en nuestro país durante los años de crisis

Las últimas reformas laborales de nuestro país, la de 2010 y, sobre todo, la de 2012, han promovido una precariedad generalizada en el empleo. No solo han hecho aumentar la temporalidad (solo el 9% de los contratos firmados son indefinidos), o el peso de los contratos de duración muy reducida (el 25,9%); sino que han hecho crecer el subempleo en nuestro país con la proliferación del contrato a tiempo parcial involuntario, configurado prácticamente como un contrato "a llamada" con el que es imposible cualquier tipo de conciliación.

Así lo ha denunciado UGT en su informe "Situación del empleo en España – 2º Semestre de 2017", donde se señala como el 57,3% de los trabajadores y trabajadoras con contratos a tiempo parcial, es decir, 6 de cada 10, lo hace de manera involuntaria, según la EPA del cuarto trimestre de 2017. Un modelo de contratación que repercute en mayor medida a las mujeres, que ocupan el 73,9% de los contratos a tiempo parcial en nuestro país y, por tanto, son las que más afectadas se están viendo por el subempleo.

Para UGT, el tiempo parcial puede ser una fórmula que compatibilice una necesaria flexibilidad para las empresas con la voluntad de las personas trabajadoras de conciliar otras actividades vitales (estudios, maternidad/paternidad, cuidados familiares, etc.). Pero el sindicato denuncia que, en nuestro país, la regulación ultraflexible que tiene el tiempo parcial ha destacado la involuntariedad como la principal característica de este tipo de contrato.

Los trabajadores aceptan un contrato a tiempo parcial porque no encuentran un empleo a jornada completa. Es el subempleo, ya que estos asalariados trabajan menos horas de las que desean y están dispuestos a desarrollar. Una modalidad que se ha extendido en nuestro país durante los años de la crisis, como ya ha reflejado recientemente el Banco Central Europeo. De esta forma, el último informe anual de la Inspección de Trabajo refleja un aumento de las infracciones de las empresas en esta materia, que han hecho incrementar el empleo aflorado en un 100,92% durante 2016

Frente a esta circunstancia tan mayoritaria, el resto de opciones, que deberían ser las que dieran sentido a la naturaleza del contrato a tiempo parcial, son las menos. En este sentido, solo el 7,3% de los ocupados a jornada parcial alega su utilización porque sigue cursos de enseñanza o formación, y un 10% dice que es para atender el cuidado de niños, enfermos o mayores.

Además, este reparto involuntario del trabajo está llevando a una reducción del número de horas efectivamente trabajadas por cada ocupado, que ha caído en 81,9 horas al año desde 2002, en 29,9 horas desde 2008 e, incluso, en 10,9 horas desde 2013, pese al crecimiento económico registrado de 2014 a 2017. Para UGT, este es un reparto del empleo ineficiente, puesto que implica un aumento del llamado subempleo y, en definitiva, del empleo precario y poco productivo.

Por todo ello, el sindicato denuncia que el contrato a tiempo parcial en nuestro país es un contrato fallido, que se ha convertido en un instrumento más de fraude y de precariedad laboral para los trabajadores y trabajadoras en beneficio de las empresas, por lo que reclama mayor vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo para detectar estas formas de subempleo y la derogación de la reforma laboral de 2012, que supone un foco de desregulación laboral para los trabajadores y trabajadoras.