Iguales en el trabajo, iguales en el salario

Los sindicatos de prisiones UGT, CCOO y Acaip han convocado una manifestación en Madrid el próximo sábado 24 para llevar a la calle las reivindicaciones de los funcionarios de los establecimientos penintenciarios de todo el país. Los recortes salariales de los últimos diez años, la supresión de derechos y la falta de personal son algunos de los motivos de esta manifestación que se espera multitudinaria, ya que el "grado de malestar es muy elevado", según  aseguran fuentes sindicales.

La manifestación consistirá en un acto de apoyo y defensa de la propuesta de la subida salarial consensuada entre las organizaciones representativas  de Instituciones Penitenciarias, que contempla además los siguientes aspectos:

• Eliminación de categorías de los centros penitenciarios, igualando todos los puestos de trabajo con la categoría especial, tanto funcionarios como laborales.
• Compromiso firme de garantizar que en el mismo ministerio se cuente con el mismo trato salarial.
• Adscripción al grupo B de la totalidad de empleados públicos pertenecientes al C1.
• Subida de niveles, con subida salaril del complemento de destino.

Antonio González, responsable del Sindicato de Prisiones de UGT, ha insistido en que, ante todos los problemas del colectivo, "la Administración mira a otro lado y conculca los derechos del colectivo penitenciario". González ha señalado que otro de los problemas es la privatización de los servicios; "ya ha comenzado ese proceso privatizador con la limpieza de los establecimientos penitenciarios, con los servicios de mantenimiento de las cárceles y ahora también la vigilancia perimetral de las prisiones, cuando esta función deberían desempeñarla las fuerzas y los cuerpos de seguridad de Estado".

El responsable de UGT ha calificado de "nefasta y desastrosa" la gestión de los recursos humanos. "Tenemos un déficit estructural y anacrónico de recursos. Desde noviembre de 2011 hasta diciembre de 2017 se han perdido en prisiones 753 efectivos. Existen 3200 vacantes presupuestadas en Instituciones penitenciarias, "estamos perdiendo efectivos continuamente y hay un envejecimiento evidente de la plantilla; la media de edad se sitúa muy por encima de los 50 años". UGT ha reivindicado además una Oferta de Empleo Público adecuada para cubrir todas las vacantes que se generan.

La manifestación partirá de Cibeles a las 12.00 horas y finalizará en la confluencia de las calles de Sevilla y Alcalá.

El registro civil, en peligro

Tras varios años luchando denodadamente para evitar que el Registro Civil fuera privatizado, hemos recibido la noticia de que determinados grupos de la oposición han votado en contra de la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario  popular, que permitiría que el Registro Civil continuara siendo un  servicio público estatal, gratuito, cercano al ciudadano y servido por los funcionarios de la  Administración de Justicia.

Los votos emitidos fueron 341, más uno telemático. Votaron en contra de la toma en consideración 161 diputados, pertenecientes al PSOE, Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, ERC, Bildu,... Se abstuvieron 47 diputados, de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Compromis,..., y a favor 134 diputados, prácticamente los integrantes del Grupo Parlamentario Popular.

Desconocemos qué intereses, presiones y objetivos ocultos han llevado a mantener esas posiciones en contra de la toma en consideración, pero calificamos este hecho como una auténtica irresponsabilidad política de la oposición, dejando ahora a este servicio público estatal, tan importante para la ciudadanía, al albur de la incertidumbre y de la inminente entrada en vigor de la Ley 20/2011, que desmantela el modelo de Registro Civil que defendemos desde UGT.

Desde el Sindicato de Justicia de la FeSP-UGT-Justicia consideramos vergonzoso que, después de 7 años de vacatio legis, todos los ciudadanos, usuarios del registro civil, tengan que asistir al lamentable espectáculo de que sus representantes no admitan un acuerdo de mínimos para defender el carácter público, gratuito, y cercano al ciudadano del Registro Civil (manteniendo su actual implantación), como servicio público estatal y esencial, dotado con medios suficientes, y servido por quienes ya han demostrado, en exceso, su capacidad para gestionarlo, los funcionarios de la Administración de Justicia.

UGT ha dirigido ya carta al Ministro de Justicia para que con carácter urgente convoque Mesa Sectorial, se nos de cuenta de lo ocurrido y se nos informe de las medidas que el Ministerio va a tomar para resolver esta nueva situación que deja de nuevo al Registro Civil y su futuro en una situación de incertidumbre, altamente preocupante. Asimismo nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios que han votado en contra o se han abstenido para que reconsideren y rectifiquen su insensata posición.

Desde UGT, también, volvemos a retomar nuestra lucha sindical, en unidad de acción con el resto de sindicatos, con carácter prioritario, para que el Registro Civil se mantenga en la Administración de Justicia y con nuestros compañeros al frente de los mismos. Como debe ser.

Argumentos, propuestas y objetivos del Sector AGE de la FeSP - UGT de cara a la negociación de los PGE para 2018

El pasado 5 de febrero los sindicatos más representativos en el ámbito del sector público  se reunieron con el Ministro Montoro para retomar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado  para 2018.

Estas negociaciones que se han iniciado son fruto de las movilizaciones que UGT y CCOO hemos mantenido, en unidad de acción, desde el 1 de Junio, con dos fechas claves el 24 de noviembre y el 14 de diciembre.

Las propuestas, argumentos, reivindicaciones y objetivos que el Sector de la Administración General del Estado de la FeSP-UGT os presenta, pivotan sobre cuatro ejes:

1. Recuperación del poder adquisitivo. Planteamos un Acuerdo Plurianual que contemple la recuperación de un porcentaje importante de poder de compra y fondos adicionales para la AGE que equilibren las brechas salariales existentes, distribuidos linealmente hasta alcanzar, en total, una subida mínima de 250 € mensuales en el trienio 2018 – 2020.
2. Empleo en su doble vertiente: creación neta de empleo y erradicar la alarmante temporalidad en algunos sectores.
3. Restitución de la redacción original del EBEP, estableciendo la jornada máxima en 37,5 horas y reactivando la regulación de la jubilación parcial y/o anticipada para el conjunto de los emplead@s public@s.
4. Restitución de los derechos eliminados temporalmente por la crisis, en especial, la Acción Social y los complementos al 100% en situación de Incapacidad Temporal.

Clica sobre la imagen para acceder al número especial de febrero de la revista de AGE, Dignidad Sindical

Los recortes salariales y de derechos empujan a la jubilación anticipada a los funcionarios de la AGE

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT alerta de un crecimiento alarmante de las jubilaciones anticipadas entre los funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas de la Administración General del Estado (AGE).

Según un informe, en el año 2008, el número de funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas que se acogieron a la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años fueron 3.050. Esta cifra subió a 15788 en 2013, tras sufrir los empleados públicos un recorte salarial en 2010, una congelación en 2011 y la supresión de la paga extra en 2012.

El pico máximo de jubilaciones anticipadas voluntarias se alcanzó en 2013 y esta cifras se han mantenido estables desde ese ejercicio hasta 2016, año en el que el total de jubilaciones anticipadas se situó en 15.470.

Fuente: FeSP-UGT según datos Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Carlos Álvarez, secretario de AGE de la  FeSP-UGT, argumenta que “esta situación es, en gran parte, resultado del alto grado de desmotivación manifestada que sufren las empleadas y empleados públicos de la AGE, generada por los continuos recortes, la falta de buenas perspectivas profesionales y la incertidumbres para los próximos”. El responsable siindical recuerda que los empleados de la AGE suman un 13% de perdida de poder adquisitivo y una drástica disminución en la Oferta Pública.

Estos factores se suman a la falta de implantación de la carrera profesional; la inexistencia de formación para el empleo desde hace dos años; las enormes dificultades para acceder a los procesos de promoción interna; la falta de configuración del Grupo B surgido del Estatuto Básico del Empleado Público y una gran incertidumbre sobre el futuro de las pensiones (endurecimiento de los requisitos de acceso) que padece este colectivo.

La situación se agravará en los próximos años. Al analizar la edad del personal  de la AGE, nos encontramos con un dato dato alarmante: el 65´7% supera los 50 años de edad  y de éstos, 91.694 están en el umbral de los 60.

El Gobierno sigue sin sin tomar medidas que ayuden a mejorar los servicios públicos. “Hasta ahora solo se han dedicado a aumentar la temporalidad peligrosamente (interinos y temporales) y recurrir a una exagerada externalización de servicios ” denuncia Álvarez.

Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente al año 2016, se efectuaron 7.755 concesiones por un importe de casi 7.000 millones de euros.

La única medida adicional que han adoptado es la firma del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 29 de marzo de 2017, que aunque servirá para reducir la temporalidad existente y evitar la destrucción de más empleo público, no generará el empleo público neto necesario para rejuvenecer plantillas.

Para atajar la situación, la FeSP-UGT ha propuesto al Gobierno la siguiente batería de medidas:

-Negociar un Plan de Recursos humanos que analice las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista numérico, como el de los perfiles profesionales.

-Desbloquear la tasa de reposición de efectivos, mediante la generación de empleo público neto.

-Blindar de las funciones que realizan los emplead@s públic@s, restringiendo (al mínimo) las funciones susceptibles de externalizarse y privatizarse.

-Penalizar de la utilización abusiva de los nombramientos interinos.

-Desarrollar, en el ámbito de la AGE, de las mejoras potenciales previstas en el EBEP (Carrera profesional, nueva estructura retributiva, fomento de la promoción interna, configuración Grupo B, etc.), así como otras novedosas (reconocimiento y desarrollo de la jubilación parcial).