Transcurrida una década desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAD) la materialización del derecho subjetivo a las prestaciones que instaura dicha Ley se ha articulado a través de una cartera de servicios personales y de atención desempeñada mayoritariamente por mujeres. Desde la Secretaría de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en colaboración con la Sª del Sector de Salud, Sociosanitario y Dependencia FeSP UGT y en coordinación con la Vicesecretaria de UGT . Se consideró conveniente conocer en este momento las características estructurales de esa fuerza laboral femenina y las condiciones de trabajo de las mujeres que desarrollan el último y más moderno de los servicios públicos de nuestro sistema de bienestar.

La ayuda a domicilio es una de las prestaciones principales de la Ley de Dependencia y, en términos cualitativos, es una de las más deseables, por cuanto responde a dos factores de calidad relevantes: (1) se presta en el entorno de la persona beneficiaria de la prestación, en el propio hogar, mientras la persona puede recibir en el hogar los cuidados; (2) constituye un cuidado formal cuando se dispensa como prestación del SAAD: se lleva a cabo por profesionales que acreditan una cualificación para proporcionar la atención requerida por el beneficiario. Las tareas que integran esta prestación de ayuda a domicilio son las que determinan los servicios sociales, y son de dos tipos: apoyar a los usuarios en actividades básicas relacionadas con el cuidado de su propio cuerpo y otras destinadas a favorecer su desenvolvimiento en el entorno.

Es la situación laboral de estas personas, mujeres en su inmensa mayoría, la que nos ha ocupado en la presente investigación. Las auxiliares de ayuda a domicilio prestan sus servicios en empresas concesionarias de los ayuntamientos -Administración pública que tiene la competencia de la ayuda a domicilio- y una minoría son trabajadoras municipales cuando está municipalizado el servicio. Su situación laboral viene determinada en los respectivos convenios laborales. Sus demandas a menudo se trasladan a los medios de comunicación: versan sobre condiciones salariales y del tiempo de trabajo, sobre el retraso en el pago de salarios por parte de las empresas en las que prestan servicios, sobre la estabilidad laboral y, en algunos casos, sobre la reducción del número de horas en sus contratos.

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha alertado sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de ayuda a domicilio, a través de empresas concesionarias de los ayuntamientos, y ha advertido que este sector se está convirtiendo en “un nicho para las grandes empresas multiservicios que licitan a la baja y que han empeorado el servicio de atención y las condiciones laborales”.  En este sentido, ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas, porque “son ellas las que contratan”.

Este sector está altamente feminizado, “son mayoritariamente mujeres las que ejecutan las políticas públicas de cuidado y las que se encargan dentro de las familias”, y sólo una minoría son trabajadoras municipales.

Asimismo, ha denunciado que los recortes unilaterales del Gobierno del PP a la Ley de Dependencia, “han convertido un sistema de derechos, en proceso de desarrollo, en un sistema asistencialista”. En este sentido, ha señalado que “se ha debilitado la intensidad de la acción protectora del sistema, disminuyendo el número de horas de ayuda a domicilio, o la cuantía de las prestaciones económicas, o retrasando el momento de percepción de prestaciones económicas reconocidas”.

Antoñanzas ha hecho estas declaraciones durante la presentación del estudio de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FesP-UGT) “El trabajo de ayuda a domicilio en España”. Un acto en el que han intervenido, también, Luz Martínez Ten, Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de esta Federación, Luis Manuel Monforte Pérez, responsable de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la FeSP-UGT Castilla La Mancha y las autoras del estudio, Pepa Franco y Blanca Ruiz.

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