Cientos de miles de ciudadanos han participado en el centenar de concentraciones y manifestaciones convocadas en todo el país para exigir pensiones dignas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la defensa del Sistema Público de Pensiones y contra la subida de miseria decretada por el Gobierno del 0,25%, como ha venido haciendo desde 2014.
Para el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, “es hora de rescatar a las personas y si hay dinero para rescatar autopistas o bancos tiene que haber dinero para subir las pensiones de acuerdo, al menos, al IPC. Por ejemplo, utilizando los 1.000 millones de euros que el Gobierno recauda por el repago farmacéutico que realizan al año los propios pensionistas. Subir las pensiones ese 0,25% supone 300 millones de euros en 2018; si se subieran de acuerdo a la previsión de inflación del 1,5% costaría 1.600 millones. Solo faltaría encontrar 300 millones, y han encontrado para rescatar las autopistas quebradas, seguro que es posible encontrarlos para las pensiones”.
“No es posible que un país cuya economía crece año tras año ir encima del 3% del PIB, cuando las empresas tienen cada vez más beneficios, mientras las retribuciones de los consejeros y los altos directivos crecen, y los precios de los servicios, la energía y los alimentos aumentan, el Gobierno decrete subidas de las pensiones del 0,25%, es decir, 1,61€ al mes más para la mayoría de los pensionistas, que cobran 645 euros, y mientras un tercio de los pensionistas está por debajo del umbral de la pobreza”, añade Álvarez.
Pepe Álvarez ha dejado claro que “esta es una lucha que no acabará hasta que el Gobierno sea consciente de que la mayoría de los ciudadanos no estamos dispuestos a que nos quiten nuestras pensiones. No hay atajos. No sirve bajar los impuestos para subir las pensiones de los más ricos, no sirve sólo hablar de subidas parciales, tiene que haber una subida general y además el Ejecutivo tiene que ir pensando que las pensiones más bajas deben ir subiendo paulatinamente, de tal manera que podamos alcanzar lo mil euros como pensión mínima en los próximos años”.
“Además, es muy importante que el Gobierno tome el termómetro de la calle, que vea hasta qué punto los ciudadanos no están dispuestos a que nos quiten la cartera. Es posible, España no gasta mucho en pensiones, -de hecho, gasta menos que Alemania, Francia o Italia- y además, no hay ninguna razón para no hacerlo y en este sentido, creo que esta es una lucha que vamos a ganar”.
Por un modelo de pensiones dignas
Para UGT, estas manifestaciones demuestran que, una vez más, la sociedad está exigiendo al Gobierno un modelo público de pensiones eficaz, eficiente y viable, algo que resulta incompatible con la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013 y que contiene un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo.
El Gobierno ya no tiene la mayoría absoluta de 2013, por tanto, no puede mantener, contra todos, una reforma que empobrece a los pensionistas presentes y futuros subiéndoles la pensión un 0,25%, mientras la economía crece al 3% y los precios se sitúan en el 1,1%.
Negociación y consenso
Es necesario que el Ejecutivo se ponga a trabajar y busque soluciones de manera urgente, negociada y consensuada con los agentes sociales. Para empezar, derogando la reforma puesta en marcha sin consenso en 2013, aumentando el poder adquisitivo de las pensiones y garantizando la viabilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo Social.
Además, es fundamental reclamar la reforma inmediata de las fuentes de financiación, mediante una nueva recomendación del Pacto de Toledo que permita que el sistema no sólo se financie a través de cotizaciones como fuente básica y principal sino también, adicionalmente, con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.
También, el Pacto de Toledo debe establecer que la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC como mínimo es un derecho inherente al cobro de pensión, de carácter no contributivo (se contribuye solo para generar la pensión no para la actualización de la misma) y como tal ha de financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con los fondos de la Seguridad Social.
